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El gobierno español, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, presentó a principios de este año el Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. De aprobarse dicha ley los medios de comunicación digitales, cualquiera que sea su tamaño o propósito, deberán constar en registros públicos formalizando su existencia a niveles similares al de las empresas. Toda la información publicada en los medios quedará sujeta a la intervención administrativa (que no judicial) y se considerarán delitos actos como acompañar los artículos con vínculos a páginas ilícitas, no disponer de copias de artículos publicados y no retirar de la publicación aquellas informaciones que las autoridades administrativas consideren ilícitas. Las multas podrán llegar hasta los cien millones de pesetas.

Esta ley anularía la creación de comunidades libres en la Internet española, el anonimato, la discrepancia y la libertad de expresión. La definición que se da en el anteproyecto de ley a los "servicios de la sociedad de la información" es tan amplia que recoge cualquier actividad remunerada o no remunerada por sus destinatarios, de comercio electrónico o de simple valor periodístico. A continuación se describen los puntos más polémicos:

- Los sites deberán poner a disposición de sus usuarios y órganos administrativos y judiciales, de forma permanente, fácil, directa y gratuita cualquier información referente a su denominación social, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, datos de inscripción en el Registro Mercantil, etc. De no ser así serán multados con entre 15 y 50 millones de pesetas.

- Se creará un Registro Público en el que se almacenarán los datos de todos los sites. La inscripción en este registro será obligatoria, no pertenecer al registro seré equivalente a no tener personalidad jurídica. Negarse a entrar en este registro será multado con entre medio y quince millones de pesetas.

- Los dominios del proyecto deberán señalarse muy claramente en dicho registro (exponiendo quien como y porqué se adquirió ese dominio). El plazo máximo para facilitar esta información será de quince días desde la compra del dominio. Los dominios adquiridos antes de la puesta en marcha de la ley contarán con un año de plazo para su inscripción.

- Será obligatorio supervisar y conservar todos los datos relativos y generados por el site durante un periodo máximo de seis meses y ponerlos a disposición de las autoridades administrativas cuando estas así lo requieran. Borrar esta información en reserva podría suponer falta grave, es decir, entre 50 y 100 millones de pesetas de multa. Incumplir ese supuesto es especialmente fácil cuando el site dispone de foros, publicación basada en slashdot o simplemente publica sus noticias y las elimina de forma libre e independiente.

- Los sites estarán obligados a retirar datos (artículos, noticias) presuntamente ilícitos si las autoridades administrativas (que no judiciales) así lo determinaran. La negación por parte del site a retirar la información online podría suponer entre 50 y 100 millones de pesetas de multa.

El portal de seguridad informática, Kriptópolis.com, ha sido el primer medio de comunicación en lanzar la voz de alarma sobre el tema eliminando de su portada los contenidos habituales y centrando toda su publicación en la campaña anti LSSI. "¿Por qué esta ley extiende su ámbito de aplicación a los servicios de información libre 'on-line', cuando el sentido común sugiere que debiera estar enfocada únicamente a proteger los derechos del usuario del comercio electrónico lucrativo?, ¿por qué la comunidad internauta permanece impasible ante este vergonzoso atentado contra la libertad de expresión?", son algunas de las preguntas que plantea José Manuel Gómez, fundador de Kriptópolis.com, desde su campaña.

David Navarro
Artículo publicado en PrensaFreelance.com

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