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La propuesta del PSOE restringe el ámbito de actuación a los webs con ánimo de lucro y reduce las sanciones
[10-04-02]
El PSOE defenderá el próximo jueves en el Congreso de los Diputados su texto alternativo a la LSSI (proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico), proponiendo una restricción del objeto de aplicación de la Ley a los prestadores de servicios "con ánimo de lucro" y reduce significativamente la cuantía de las sanciones económicas.
La intención es dejar fuera de la defición de actividades ecónomicas con ánimo de lucro a aquellas páginas personales que utilizan el banner publicitario como medio para sustentarse. Esta petición forma también parte de las asociaciones de usuarios.
La propuesta recoge que no tendrán la consideración de servicios de la Sociedad de la Información "las páginas web, servicios FTP, intercambio de ficheros, servidores de noticias, boletines informativos, o cualquier servicio considerado como personal, aun cuando éstas tengan asignado dominio propio, sean realizadas de forma personal o entre varias personas, y que no tienen como fin último ser una actividad económica y comercial".
También se recoge una rebaja en las sanciones. Así, las infracciones muy graves estarían sujetas a multas de entre 60.001 y 300.000 euros (frente a los 300.001 y 600.000 euros del proyecto de Ley del Gobierno); las graves, entre 30.001 y 60.000 (60.001 y 300.000); y las leves, hasta 30.000 euros (entre tres mil y sesenta mil euros).
Por otro lado, también plantea que los servicios de "prescripción de medicamentos, tratamientos médicos, diagnósticos clínicos, dispensación o venta de fármacos y especialidades farmacéuticas" queden excluidos del ámbito de aplicación de la Ley, como ya lo están en el proyecto del Ejecutivo los prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas; los relativos a juegos de azar que impliquen apuestas de valor económico; y los prestados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio.
DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El PSOE expone en su motivación que el texto aprobado por el Consejo de Ministros supone un "evidente recorte" del derecho fundamental a la libertad de expresión en Internet, especialmente con los artículos 8, 11, 37, 40 y 42, que va "más allá" de la trasposición de la directiva europea de comercio electrónica, por lo que el Gobierno "omite, deliberadamente" su carácter orgánico.
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