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Crece el delito en Internet
[27-12-00]
La policía y la Guardia Civil han detectado este año un fuerte incremento de los niveles de delincuencia a través de Internet tanto por lo que respecta a delitos tradicionales que ahora encuentran un nuevo canal en la red como de nuevos tipos de incidencias como la intrusión en redes de empresas y administraciones. Este incremento, que también se produce en el caso de la pornografía infantil, aunque este año se han contabilizado unas 300 denuncias en toda España, está obligando a los cuerpos de seguridad a incrementar sus dotaciones humanas y técnicas. Mientras, la Guardia Civil reclama mejoras legales para agilizar las denuncias y la lucha contra el delito informático y el Gobierno prepara medidas para afrontar el crecimiento de la difusión de contenidos ilegales en la red.
"La delincuencia está registrando un incremento exponencial en Internet en todas sus formas", afirma Carlos García, inspector del grupo quinto de la Unidad de Crimen Organizado de Cataluña, que añade que la falta de conocimiento de los usuarios unas veces y las nuevas posibilidades tecnológicas que ofrece la red en otras constituyen la combinación que explica este crecimiento. Fuentes de la Guardia Civil, por su parte, aunque no ofrecen datos concretos, señalan que el crecimiento de la criminalidad en la red es superior al ritmo de aumento de usuarios de Internet.
La casuística de los delitos en la red es muy amplia. Una parte de ellos corresponde a prácticas que son habituales en el mundo real y que se han trasladado a la red, donde encuentran nuevas posibilidades. Se trata, por ejemplo, de las estafas que se producen en el ámbito del comercio electrónico, cuando un comprador encarga un producto que posteriormente no recibe o bien éste no satisface las expectativas por la mala fe del vendedor.
En cambio, Internet potencia otros delitos que, a pesar de que ya existen en el mundo real, en la red tienen muchas más posibilidades de crecimiento. Éste sería el caso de la pornografía infantil, para la que la red supone unas grandes posibilidades de transmisión e intercambio, especialmente en el caso del material procedente de países del Este, donde los controles son escasos. Asimismo, el responsable policial advierte sobre el inusitado incremento de las amenazas a través de la red.
Otro caso es la compra fraudulenta con tarjetas de crédito. En este último caso, Carlos García advierte que los delincuentes se hacen con los resguardos de tarjetas de crédito en restaurantes o en peajes de las autopistas y luego utilizan esa información para realizar adquisiciones en la red, ya que en éstas sólo es necesario proporcionar al comercio el nombre, número de tarjeta y fecha de caducidad. Y otra modalidad en auge es la piratería de programas o de contenidos audiovisuales.
Un tercer grupo es el de los delitos que sólo se dan en Internet. Se trata de las intrusiones que vulneran la seguridad de las empresas o violan datos privados, o el de los virus informáticos. Un caso cada vez más común es el de técnicos de empresas informáticas que utilizan la red para provocar problemas en sistemas de sus propias compañías por considerar que están mal pagados. "Es conveniente que las empresas paguen bien a sus técnicos, porque las malas condiciones laborales en el sector generan problemas", dice Carlos García.
Quince denuncias diarias
La Guardia Civil, que dispone de más de un centenar de agentes dedicados a este tipo de delitos, recibe diariamente quince correos electrónicos con informaciones de usuarios de la red que denuncian todo tipo de incidentes, desde estafas hasta pornografía ilegal, aunque no se trata de denuncias con fuerza legal, porque los jueces no las aceptan como tales. Los responsables de las unidades contra el delito informático del instituto armado indican que es necesario que los jueces reconozcan la validez de la firma digital para las denuncias por Internet, con la finalidad de agilizar al máximo las denuncias.
Otra importante modificación legal está destinada específicamente a la pornografía infantil y a la difusión de contenidos ilegales. En este sentido, el anteproyecto de ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que debe aprobar próximamente el Gobierno, indica que todos los intermediarios que intervienen en el proceso de acceso a la red o de almacenamiento de datos tienen la obligación de denunciar las ilegalidades de las que tengan conocimiento, aunque no se les considera responsables de su transmisión siempre que no intervengan modificando los contenidos.
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