España, país de piratas informáticos
[07-04-01]
Un programa pirata es aquel que ha sido grabado sin autorización de su legítimo propietario, es decir, quien ostenta su copyright, bien a partir del programa original o bien a partir de alguna de las copias sucesivas piratas de la primera copia pirata.
La copia ilícita de programas de ordenador (software) supone una agresión a los derechos de autor de su titular. Estos derechos están protegidos en dos niveles:
· A nivel de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta ley recoge como objeto de protección el programa de ordenador en su artículo 10. Los titulares del derecho de propiedad intelectual gozan de dos tipos de derechos:
· Derechos patrimoniales, entre los que se encuentra el derecho remuneratorio por copia privada, el derecho de fijación, el de distribución, el de explotación y el derecho a autorizar.
· Derechos morales, como el derecho de paternidad y el de integridad.
· A un nivel superior se encuentra la protección que aporta el Código Penal. El artículo 270 tipifica como delito la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública de un programa de ordenador sin la debida autorización del titular de los derechos de explotación. Es necesario señalar que para proceder por los delitos contra la propiedad intelectual es necesario denuncia por la persona agraviada o de sus representantes legales (artículo 287.1 del Código Penal).
La copia y distribución ilegal de programas de ordenador se está convirtiendo en un gran problema para los fabricantes de software del mundo, ya que les están suponiendo grandes pérdidas económicas.
Es por ello que los principales productores a nivel mundial se han unido a la Business Software Alliance (BSA) que actúa de portavoz, para luchar conjuntamente contra la piratería. Entre ellos cabe destacar a compañías tan importantes como: Adobe, Apple Compueter, IBM, Intel, Novell, y Microsoft entre otros.
BSA y la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información (SEDISI) han llevado a cabo en nuestro país campañas divulgativas, con el fin de dar
a conocer el contenido y el alcance de la legislación sobre protección intelectual, así como las consecuencias que conlleva infringirla.
En una de ellas, celebrada el pasado año, ofrecía recompensas económicas a aquellas personas cuya información facilitara el inicio de acciones legales satisfactorias contra empresas sospechosas de utilizar o comercializar programas de ordenador sin licencia.
Cualquier persona puede, en cualquier momento, ponerse en contacto con la BSA y ofrecer toda la información que desee al respecto. Esta información es puesta en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tras las oportunas comprobaciones sobre la fiabilidad de la denuncia, pueden inspeccionar la empresa en cuestión y comprobar la existencia de programas piratas en sus sistemas informáticos o fuera de ellos.
La compañía de software, cuyos derechos han sido violados, puede reclamar a la empresa que utilizaba los programas sin licencia una indemnización en concepto de daños y perjuicios, que puede llegar a alcanzar grandes cantidades.
Sin embargo esto no es suficiente, la piratería informática está mermando el crecimiento del sector y esto se refleja en grandes pérdidas a nivel mundial. Los diez países del mundo con más pérdidas son, por orden: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, China, Francia, Canadá, Italia, Brasil y Holanda. España no se encuentra entre estos países, pero se sitúa entre los primeros, sólo la supera Grecia, en el ranking de países europeos con mayor fraude informático.
La BSA lucha por lograr un mayor compromiso de los gobiernos, por la imposición de mayores multas, por dotar a las Fuerzas de Seguridad del Estado de los medios necesarios para actuar y porque se agilicen los procesos judiciales. Sería necesario también la elaboración de un código deontológico por todos los sectores implicados para crear así una conciencia empresarial al respecto.
La piratería provoca la pérdida de miles de puestos de trabajo, pérdidas de ingresos por impuestos e impide el desarrollo del mercado frenando la creación de empleo en industrias relacionadas con el mismo.
Noelia García
ngarcia@delitosinformaticos.com
Especialista Derecho Nuevas Tecnologías
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