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Última actualización:
17 Febrero 2002
RESUMEN DE LA LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS
DE VENEZUELA
Recientemente se publicó la Ley sobre Delitos Informáticos
("la Ley"), cuyo objetivo es proteger los sistemas que
utilicen tecnologías de información, así como
prevenir y sancionar los delitos cometidos contra o mediante el
uso de tales tecnologías (Gaceta Oficial N° 37.313 del
30 de octubre de 2001). Se trata de una ley especial que descodifica
el Código Penal y profundiza aún más la incoherencia
y falta de sistematicidad de la legislación penal, con el
consecuente deterioro de la seguridad jurídica.
La Ley define los términos tecnología de la información,
sistema, data, documento, computadora, hardware, firmware, software,
programa, procesamiento de datos o de información, seguridad,
virus, tarjeta inteligente, contraseña y mensaje de datos.
La ley presenta varias deficiencias y problemas, entre los que
podemos mencionar los siguientes:
(i) Utiliza términos en el idioma inglés, cuando la
Constitución solo autoriza el uso del castellano o lenguas
indígenas en documentos oficiales;
(ii) No tipifica delito alguno relativo a la seguridad e integridad
de la firma electrónica y a su registro;
(iii) La terminología utilizada es diferente a la de la Ley
de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, tal como se observa
en la definición que hace del mensaje de datos con lo que
se propicia un desorden conceptual de la legislación en materia
electrónica;
(iv) Repite delitos ya existentes en el Código Penal y en
otras leyes penales, a los cuales les agrega el medio empleado y
la naturaleza intangible del bien afectado;
(v) Tutela los sistemas de información sin referirse a su
contenido ni sus aplicaciones;
(vi) No tutela el uso debido de Internet; y
(vii) Establece principios generales diferentes a los establecidos
en el libro primero del Código Penal, con lo cual empeora
la descodificación.
La Ley, que pretende ser un Código Penal en miniatura, pero
carece de la sistematicidad y exhaustividad propias de tal instrumento,
elabora cinco clases de delitos:
1) Contra los sistemas que utilizan tecnologías de información;
2) Contra la propiedad;
3) Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones;
4) Contra niños y adolescentes y;
5) Contra el orden económico.
1) Los delitos contra los sistemas que utilizan tecnología
de información son los siguientes:
a) El acceso indebido a un sistema, penado con prisión de
uno a cinco años y multa de 10 a 50 unidades tributarias
(UT);
b) El sabotaje o daño a sistemas, incluyendo cualquier acto
que altere su funcionamiento, penado con prisión de cuatro
a ocho años y multa de 400 a 800 UT, que aumentará
a prisión de cinco a diez años y multa de 500 a 1.000
UT si para su comisión se utiliza un virus o medio análogo.
Si se trata de sabotaje o daño culposo, la pena se reduce
entre la mitad y dos tercios. Si se trata de sabotaje o acceso indebido
a sistemas protegidos, la pena aumenta entre la tercera parte y
la mitad;
c) La posesión de equipos o prestación de servicios
para actividades de sabotaje, penado con prisión de tres
a seis años y multa de 300 a 600 UT;
d) El espionaje informático, que incluye la obtención,
difusión y revelación de información, hechos
o conceptos contenidos en un sistema, penado con prisión
de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito
se comete para procurar un beneficio para sí o para otro,
la pena aumenta entre un tercio y la mitad. El aumento será
de la mitad a dos tercios si se pone en peligro la seguridad del
Estado, la confiabilidad de la operación de las personas
afectadas o si como resultado de la revelación alguna persona
sufre un daño; y
e) La falsificación de documentos mediante el uso de tecnologías
de información o la creación, modificación
o alteración de datos en un documento, penado con prisión
de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito
se comete para procurar un beneficio para sí o para otro,
la pena aumenta entre un tercio y la mitad. Si el hecho resulta
en un perjuicio para otro, el aumento será de la mitad a
dos tercios
2) Delitos contra la propiedad: La técnica legislativa utilizada
en este caso es incorrecta, pues a delitos ya previstos en la codificación
penal se les crea una supuesta independencia, cuando la única
diferencia existente es el medio utilizado (electrónico en
lugar de mecánico o material) y la naturaleza del bien tutelado,
que en este caso es intangible, mientras que en los bienes muebles
es física. En esta clase se incluyen:
a) El hurto, que consiste básicamente en apoderarse de un
bien o valor tangible o intangible de carácter patrimonial,
sustrayéndolo a su tenedor mediante el acceso, interceptación,
interferencia, manipulación o uso de un sistema que utilice
tecnologías de información, penado con prisión
de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT;
b) El fraude realizado mediante el uso indebido de tecnologías
de información, penado con prisión de tres a siete
años y multa de 300 a 700 UT;
c) La obtención indebida de bienes o servicios mediante el
uso de tarjetas inteligentes (tarjetas de crédito, de débito
o de identificación que garanticen el acceso a un sistema
reservado u otras similares, penado con prisión de dos a
seis años y multa de 200 a 600 UT;
d) El manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, o la creación,
duplicación o incorporación indebida de datos a registros,
listas de consumo o similares, penado con prisión de cinco
a diez años y multa de 500 a 1.000 UT. La misma pena será
impuesta a quienes sin tomar parte en los hechos descritos se beneficien
de resultados obtenidos;
e) La apropiación indebida de tarjetas inteligentes, penado
con prisión de uno a cinco años y multa de 10 a 50
UT. La misma pena se impondrá a quien reciba o adquiera dichas
tarjetas
f) Provisión indebida de bienes o servicios utilizando una
tarjeta inteligente, a sabiendas de que dicho instrumento ha sido
falsificado, está vencido o ha sido alterado, penado con
prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT;
y
g) La posesión de equipos para falsificaciones, penado con
prisión de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT.
3) Los delitos contra la privacidad de las personas y las comunicaciones
son los siguientes:
a) La violación de la privacidad de la data o información
de carácter personal que se encuentre en un sistema que use
tecnologías de información, penado con prisión
de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT. Esta pena se
aumentara de un tercio a la mitad si como consecuencia del delito
descrito resulta un perjuicio para el titular de la información
o para un tercero;
b) La violación de la privacidad de las comunicaciones, penado
con prisión de dos a seis años de prisión y
una multa de 200 a 600 UT; y
c) La revelación indebida de datos o información obtenidos
por los medios descritos en los literales a) o b) anteriores, penado
con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600
UT. Esta pena se aumentara de un tercio a la mitad si el delito
se cometió con fines de lucro o si resulta en un perjuicio
para otro.
El tema de la privacidad ha sido uno de los mas discutidos en los
ordenamientos jurídicos extranjeros, debido a los derechos
humanos. Principalmente, en cuanto a los dos primeros puntos. Las
discusiones se han concentrado, básicamente, en la posibilidad
de que el empleador revise las conversaciones y envío de
datos de los empleados que utilizan como medio el sistema del empleador,
así como la propiedad de la información contenida
en del sistema del empleador. Con relación al tercer punto,
el tema se ha centrado en la posibilidad de que el dueño
de un sistema venda información personal de los usuarios
del sistema con fines de comercialización.
4) Los delitos contra niños y adolescentes son los siguientes:
a) La difusión o exhibición de material pornográfico
sin la debida advertencia para que se restrinja el acceso a menores
de edad, penado con prisión de dos a seis años y multa
de 200 a 600 UT; y
b) La exhibición pornográfica de niños o adolescentes,
penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de
400 a 800 UT.
5) El último tipo contempla los delitos contra el orden
económico, que son los siguientes:
a) La apropiación indebida de propiedad intelectual mediante
la reproducción, divulgación, modificación
o copia de un software, penado con prisión de uno a cinco
años y multa de 100 a 500 UT; y
b) La oferta engañosa de bienes o servicios mediante la utilización
de tecnologías de la información, penado con prisión
de uno a cinco años y multa de 100 a 500 UT, sin perjuicio
de la comisión de un delito más grave.
Además de las penas principales indicadas anteriormente,
se impondrán, sin perjuicio de las establecidas en el Código
Penal, las siguientes penas accesorias:
(i) El comiso de equipos, dispositivos, instrumentos, materiales,
útiles, herramientas y cualquier otro objeto que haya sido
utilizado para la comisión de los delitos previstos en los
artículos 10 y 19 de la Ley (posesión de equipos o
prestación de servicios de sabotaje y posesión de
equipos para falsificaciones).
(ii) Trabajo comunitario por el término de hasta tres años
en los casos de los delitos previstos los artículos 6 y 8
de la Ley (acceso indebido y favorecimiento culposo del sabotaje
o daño).
(iii) La inhabilitación para el ejercicio de funciones o
empleos públicos; para el ejercicio de la profesión,
arte o industria; o para laborar en instituciones o empresas del
ramo por un período de hasta tres años después
de cumplida o conmutada la sanción principal, cuando el delito
se haya cometido con abuso de la posición de acceso a data
o información reservadas, o al conocimiento privilegiado
de contraseñas, en razón del ejercicio de un cargo
o función público, del ejercicio privado de una profesión
u oficio, o del desempeño en una institución o empresa
privada.
(iv) La suspensión del permiso, registro o autorización
para operar o para ejercer cargos directivos y de representación
de personas jurídicas vinculadas con el uso de tecnologías
de información, hasta por el período de tres años
después de cumplida o conmutada la sanción principal,
si para cometer el delito el agente se valió de o hizo figurar
a una persona jurídica.
(v) Además, el tribunal podrá disponer la publicación
o difusión de la sentencia condenatoria por el medio que
considere más idóneo.
En conclusión, la Ley llena parcialmente un vacío
legislativo en una materia de mucha importancia. Sin embargo, múltiples
deficiencias y problemas en la técnica legislativa empleada
y los conceptos usados, así como diversas lagunas y contradicciones,
la hacen insuficiente como complemento del resto de la legislación,
por lo que será necesario hacer una nueva tipificación
de forma sistemática y exhaustiva, en el nuevo Código
Penal que se adelanta en la Asamblea Nacional.
Fernando M. Fernández.
Socio de Baker & McKenzie
fernando.fernandez@bekernet.com
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