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El director de la APD ratifica la adecuación de la LSSI a normativa de Protección de Datos
[29-06-02]
El director general de la Agencia de Protección de Datos (APD), Juan Manuel Fernández, afirmó en declaraciones a Europa Press, que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) se ciñe a la normativa de Protección de Datos española al adaptarse a esta "perfectamente".
Sobre el almacenamiento de datos por parte de los proveedores de servicios de Internet declaró que "en general la Ley se adapta perfectamente a la materia de protección de datos, incluso, remite a la propia Ley de Protección de Datos".
, en referencia a que los datos que sean almacenados por proveedores de servicios de Internet y que se comuniquen en virtud de investigaciones judiciales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se tendrán que sujetar a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos.
En cuanto al 'spam' o publicidad no deseada, Juan Manuel Fernández opina que con la entrada en vigor de la LSSI, resulta más restrictiva que el resto de la Unión Europea, ya que se necesitará el consentimiento tácito y previo del usuario para recibir comunicaciones publicitarias no solicitadas.
La LSSI establece que se puedan obtener datos de fuentes accesibles al público y, por tanto, sin consentimiento del ciudadano y sólo cuando se va a realizar la primera comunicación es cuando se informa.
Incluso, señaló que la directiva europea sobre esta materia permite el op out en aquellos casos en que la comunicación remitida se dirige a una persona con la que el destinatario de la comunicación en cuestión ha mantenido previamente relaciones comerciales y, también anteriormente, el destinatario ha dado su dirección de 'e-mail' para esos fines, por lo que se llegan a dar una "triple modalidad" en este campo. "Hay una triple regulación que no es lo adecuado", agregó.
Según el director general de Protección de Datos, la exigencia del consentimiento previo del usuario para recibir el 'spam' entrará en vigor de una forma "un poco absurda" ya que situará a las empresas españolas en una situación de desventaja" respecto al resto de "sus competidores en la Unión Europea", que no tienen "ese nivel de exigencia".
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