La Agencia de Protección de Datos Española abre un procedimiento sancionador contra Google
La APD inició en Mayo de 2010 una investigación encaminada a determinar si Google infringía nuestra normativa de protección de datos personales a raíz de detectarse que los coches de su callejero virtual Street View captaban datos de las redes wifi privadas accesibles desde las calles por donde circulaban. Este sistema comenzó a funcionar en España en el año 2008.
Ver nota de prensa de la APD de fecha 19 mayo 2010: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2010/notas_prensa/common/mayo/100519_NP_GOOGLE_WIFI_WEB.pdf
Es ahora, cuando la APD abre el procedimiento sancionador contra Google, al constatar la existencia de indicios de la comisión de dos infracciones graves y tres muy graves de la ley de protección de datos, como la captación y almacenamiento de datos personales sin consentimiento. Se ha verificado la captación de datos de localización de redes wifi con identificación de sus titulares, y de datos personales de diversa naturaleza del contenido de las comunicaciones como: direcciones de correo electrónico -con nombre y apellidos-, mensajes asociados a dichas cuentas y servicios de mensajería, o códigos de usuario y contraseñas, entre otros. Y que estos datos se han transferido por parte de Google a EE UU sin garantías de protección de la privacidad.
No obstante, el expediente sancionador queda paralizado a la espera de que el Juzgado de Instrucción Nº 45 de Madrid resuelva sobre la captación de datos de redes wifi por los coches de Street View.
Este procedimiento penal se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el presidente de la asociación (APEDANICA) por la vulneración del artículo 197 del Código Penal, que castiga con penas de uno a cuatro años de cárcel la interceptación de las comunicaciones de terceros sin su consentimiento.
Una vez que recaiga resolución judicial, la APD reanudará el procedimiento administrativo en la fase de instrucción del mismo, en la que la compañía contará con un plazo para formular alegaciones o presentar pruebas.
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