Ciberataque: La Web del Senado no es Inmune

El pasado lunes comenzó a funcionar la nueva web del Senado, pero el casi medio millón de euros invertido en la creación de la misma, no pudo evitar el ciberataque informático que sufrió a los pocos minutos de su estreno. Un exceso de tráfico colapsó la página, provocando la caída del servidor hasta dejarla inaccesible. 

Este tipo de ciberataque es denominado como Ataque de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) y es, por su sencillez de ejecución, una recurrente manifestación en los últimos tiempos por parte de ciberactivistas y hacktivistas. 

Empresas como Visa, MasterCard, PayPal, o la SGAE han sido víctimas de DDoS, llegando a perder miles de dólares a causa del bloqueo de su página tras el ciberataque. La jurisprudencia española dictó su primera sentencia condenatoria por DDos gracias al conocido 'caso Ronnie' sentando precedente legal. 

Los daños causados y las graves pérdidas económicas que este tipo de sabotajes causan, obligaron el pasado 23 de septiembre de 2010 a reformar el artículo 264.2 del Código penal español, castigando hasta con penas de tres años a los responsables de DDoS. Quedado, por tanto, tipificado como delito tal y como se detalla en los siguientes párrafos del Código: 

1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años.

La reforma, no exenta de polémica, llegó para paliar la vulnerabilidad legal de empresas y organizaciones ante este tipo de ciberataque, pero el que recientemente ha recibido la web del Senado suscita una nueva cuestión: ¿Es el ciberactivismo un ciberdelito?