La primera detención por amenazas en redes sociales fue hace dos años

Aunque la polémica saltó a partir del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, muchos cargos políticos son, desde hace tiempo, víctimas de comentarios en redes sociales que atentan contra su integridad. Es el caso de Maite Molina, concejala de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Granada. Hace dos años recibió un tuit que decía textualmente: «Maite Molina IU, puedes irte a morirte también, o si no te irás a la fosa dentro de un tiempo, estarás pudriéndote entre cal viva». Tras leer el mensaje, la concejala lo denunció públicamente y ante la Policía Nacional.

A pesar de que el tema no era entonces tan conocido, la Policía inició una investigación y localizó como sospechoso a un joven neonazi residente en el Principado de Asturias y al que la concejala no conocía de nada. Él fue el primer detenido en España por estos actos.

Aunque al principio se iba a tratar en un juicio de faltas, la Fiscalía Provincial de Granada entendió que era demasiado grave y complejo y que debía ser abordado con mayor detenimiento. El ministerio público vio indicios de un delito de incitación al odio y la violencia «por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión, creencias», etc.

Aunque en un primer momento se abrió una esperanza para esta clase de casos, la misma fiscalía descarta ahora «la existencia de un delito de odio en el comportamiento del imputado», algo que no comparte Maite Molina, por lo que su abogado ya presentado un escrito ante el juzgado. En ella, se advierte al juez que la propia Policía Nacional emitió un informe sobre el sospechoso en el que se le describía así: «Adopta una clara y patente simpatía por la ideología nazi, manteniendo contactos con personas de esta ideología en los que evidencia animadversión por colectivos y grupos de ideología contraria (…), refiriéndose a ellos con frases que pudieran provocar a la violencia o la discriminación contra ellos».

El ministerio público reconoce que el joven sí ofendió públicamente a Maite Molina «por su adscripción política e ideológica», pero no por el cargo que desempeña. Así, se entiende como un «procedimiento privado» en el que él no puede intervenir. En este caso, la víctima acusa al sospechoso de injurias, por lo que tendrá que acudir a juicio.

Además de este mensaje contra la concejala, el acusado generaba tuits en los que se podían leer mensajes como «Putos judíos»; «Sudakas que hace días eran monos»; «¡Heil Hitler!»; «Las fronteras las puso la historia por algo, cada raza en su sitio» o «¿Multicultural?, pecado capital».

Aunque es ahora cuando estos actos son más perseguidos, estos mensajes se pueden leer con relativa frecuencia en las redes sociales desde que estas forman parte de la vida de muchas personas. Debemos utilizar estas plataformas con cautela, y siempre respetando a otros usuarios. Recordemos que estos actos pueden ser perseguidos y castigados, y que las autoridades utilizan todas las herramientas a su disposición para encontrar a los culpables.