Los menores pueden cumplir su condena en centros penitenciarios al cumplir 18 años

La reforma de la Ley del Menor que entró en vigor el pasado 5 de febrero ya establece que al cumplir los afectados los 18 años de edad puedan pasar a cumplir la condena en centros penitenciarios.

Así, la propuesta realizada por el consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, solicitando una modificación de la Ley del Menor en este sentido ha causado sorpresa en el Ministerio de Justicia por lo que supone de desconocimiento de una normativa vigente. “Son manifestaciones -señala el departamento ministerial- que por el fondo y por la forma pueden valorarse como un ejercicio de oportunismo y, además, de desconsideración al Parlamento.

Oportunismo porque se realizan aprovechando el clima de solidaridad que provoca uno de los más graves y reprobables crímenes de la historia reciente (el asesinato de la menor Sandra Palo) y desconsideración en cuanto implican reformar una ley ya aprobada en sede parlamentaria y que ha entrado en vigor para corregir determinadas deficiencias de la denominada Ley del Menor”.

La valoración de la experiencia y la atención a determinadas demandas sociales determinó que la Ley del Menor se modificase para, entre otras cosas, permitir que al cumplir los dieciocho años la medida impuesta se pudiera cumplir en centros penitenciarios. Ahora bien, tal eventualidad, ahora real, no mientras gobernó el Partido Popular, solo será posible cuando así lo decida el juez, oído el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma de menores pueda decidir el ingreso.

Se trata de dar una respuesta individualizada, posibilitando que aquellos menores que lo merezcan, seguramente la mayoría, puedan continuar al cumplir los dieciocho años con lo que se revela como “aprovechamiento del tratamiento rehabilitador” en los centros de internamiento de menores, pasando el resto a cumplir su condena en los centros penitenciarios.

Los trabajos para reformar la Ley del Menor que ha impulsado el Gobierno socialista han conseguido el equilibrio entre los principios resocializadores de la legislación del menor y el respeto a los legítimos intereses de las víctimas, lamentando desde el Ministerio de Justicia que declaraciones como las vertidas por el consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid puedan contribuir a alterar este difícil equilibrio en perjuicio de los principios inspiradores de la legislación del menor.