Delito de humillación a través de twitter o redes sociales

Archivada la querella contra Zapata y sus polémicos tuits

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado definitivamente la querella contra el concejal madrileño de Ahora Madrid Guillermo Zapata contra quien la asociación Dignidad y Justicia había interpuesto una demanda al considerarlo autor de un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo y sus familiares. El juez, sin embargo, manifiesta que no existe precepto legal alguno a la vez que afirma que perseguir y condenar este tipo de expresiones de humor negro atentaría contra la libertad de expresión.

Tras examinar los hechos, las alegaciones presentadas por escrito por la propia Irene Villa, y la propia declaración del imputado Guillermo Zapata, así como lo dispuesto por el artículo 578 del Código Penal español referido a todo aquel que humilla y menosprecia a las víctimas, el juez Pedraz ha decidido el archivo de la causa al considerar que los tuits publicados por el concejal hace ya algunos años «no integra ni una conducta especialmente perversa ni se da el dolo específico, ni además se ha humillado a la víctima, como así afirma» en su escrito la propia supuesta víctima, Irene Villa, quien ya había salido en defensa del acusado en varios medios de comunicación.

Según el juez el tuit objeto de polémica se encuadra dentro del llamado «humor negro» y por tanto carece de esa mala intención de humillar o menospreciar a que hace referencia en Código Penal.

Además, Pedraz señala la abundancia de este tipo de chistes en redes sociales e internet en general así como el hecho de que nunca antes la Audiencia Nacional ha ido contra sus autores «y desde luego lo que no puede hacerse es perseguir solo a determinadas personas y no a otras ( derecho penal del enemigo) como parece acontecer en este caso». Pedraz continúa en su escrito señalando que en el caso de perseguirse esta conducta concreta del concejal, también deberían ser perseguidos todos y cada uno de los chistes similares en lo que el denomina como una «pendiente resbaladiza» que constituiría «una amenaza para los principios y garantías del Estado de Derecho» e iría contra la libertad de expresión pues cualquiera podría denunciar chistes de humor negro que de algún modo le puedan afectar.

A pesar de esta decisión, el juez también reconoce que las personas aludidas pueden sentir perplejidad e indignación ante este tipo de chistes sin embargo, hasta el momento, esto no precisa de una condena penal.