La Abogacía General del Estado gana ocho de cada diez pleitos en los que interviene



La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, órgano dependiente de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia, intervino en los más de 125.000 pleitos que se iniciaron en 2006 y consiguió cerca de un 80 por ciento de resoluciones favorables en los más de 170.000 procedimientos judiciales finalizados en fase declarativa durante el pasado año.

 

Gran parte de la actividad de los abogados del Estado se centra en el orden contencioso-administrativo (unos 80.000 procesos, en cifras redondas), seguido del orden social (14.000) y los órdenes civil y penal (con 10.000 pleitos respectivamente). El resto corresponde a la jurisdicción militar, así como los trabajos en el ámbito de la Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y procesos ante Tribunales de Estados extranjeros.

 

Estos datos, de carácter aproximativo, permiten hacerse una idea del volumen e importancia de la tarea que lleva a cabo día a día la Abogacía del Estado (AdE). Asimismo, constituyen un claro indicador de las cuestiones que mayor implicación tienen para la Administración General del Estado y, por extensión, para el interés público.

 

En este contexto, hoy se ha presentado por primera vez, la Memoria Anual de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, por parte del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el secretario de Estado, Julio Pérez Hernández, y el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají.

 

La memoria tiene como finalidad reflejar el trabajo desempeñado por las distintas unidades que integran la Abogacía del Estado. Con este objetivo, contempla tanto los datos estadísticos relativos al número de asuntos llevados por cada una de ellas y una descripción de asuntos concretos y relevantes referidos al pasado año 2006.

 

El estudio recuerda el amplio espectro de entidades y organismos cuyo asesoramiento, representación y defensa en juicio tiene encomendada la Abogacía General del Estado. A los Servicios Jurídicos del Estado corresponde la asistencia jurídica del Estado y sus organismos autónomos, del Gobierno, la representación y defensa de los órganos constitucionales, así como también la asistencia jurídica a los restantes organismos y entidades públicas, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal con las que hay suscrito convenio.

 

Análisis cualitativo

 

En este apartado, la memoria describe los asuntos de mayor trascendencia, litigiosos o no, acaecidos durante 2006. El estudio del ámbito contencioso lleva a la primera conclusión: es en los órdenes contencioso-administrativo y penal donde se ventilan los intereses públicos de mayor calado, no sólo económico, sino político y social.

 

          Contencioso-administrativo

Cabe aquí distinguir entre dos categorías. La primera hace alusión a los asuntos de planteamiento masivo característicos del ámbito tributario, de personal (como los promovidos por el personal del Ministerio de Defensa y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y de extranjería.

 

En segundo lugar, los procesos de importancia singular por su trascendencia económica, política o mediática. Por ejemplo: los procedimientos en materia de telecomunicaciones; las OPAs sobre ENDESA y el derrumbamiento del Barrio del Carmelo en Barcelona.

 

          Penal

A este respecto, la Abogacía General del Estado interviene principalmente en pleitos de importancia económica o financiera en los que el Estado aparece como perjudicado o responsable subsidiario; en el enjuiciamiento de funcionarios públicos contra los que se dirigen acciones penales; en procesos penales derivados de actuaciones públicas de responsables políticos o administrativos y en el ejercicio de acciones penales en nombre de otros órganos y organismos públicos.

 

En este contexto, destaca por su relevancia económica, la actuación de la AdE en defensa de los intereses de la Hacienda Pública en materia de delito fiscal (Terra Mítica, Marina D’Or…), así como otras causas penales relacionadas con el fraude masivo del IVA y los fraudes en materia de subvenciones (caso Coto minero del Sil y caso FORCEM).

 

En 2006 también se desarrollaron acciones penales en los casos del aeropuerto del Prat, la operación Puerto de la Guardia Civil contra el dopaje de ciclistas y las presuntas injurias y calumnias contra la Guardia Civil ante las avalanchas de extranjeros que pretendían pasar ilegalmente a España en la frontera de Melilla, así como los procesos penales abiertos en los delitos cometidos en el extranjero contra los soldados españoles en misiones de paz.

 

Entre los procesos penales en los que el Estado interviene como actor civil, destacan por su gravedad, los delitos de terrorismo y, entre ellos, la personación en la causa del 11-M. Finalmente, en la defensa de funcionarios públicos, la AdE intervino en 2006 en cerca de 5.000 procesos.

 

          Civil

Este ámbito gira fundamentalmente en torno a la litigiosidad patrimonial del Estado, así como la reclamación de cantidades adeudadas a los entes públicos a los que la AdE defiende. Aquí destaca el proceso civil seguido en Nueva York contra la empresa ABS en reclamación de 2.000 millones de dólares por el siniestro del buque Prestige y la reclamación de alimentos al amparo del Convenio de Nueva York y casos de sustracción internacional de menores.

 

          Social

Este orden continúa siendo una importante fuente de pleitos para la Abogacía, por el elevado número de pleitos que genera la conflictividad social de ciertas entidades públicas y sociedades (RTVE, Correos…).

 

Tribunal Constitucional y Tribunales Europeos

La Abogacía del Estado gestiona un abultado volumen de conflictividad de índole competencial (Estado y CCAA) ante el TC, además de recursos de inconstitucionalidad o amparo de gran resonancia mediática y consecuencias políticas (recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a los nuevos Estatutos de Autonomía), con un total de 292 nuevos procesos en el año 2006.

 

Asimismo, la AdE desempeña la representación y defensa de España ante los órganos jurisdiccionales de la UE: ante el Tribunal de Luxemburgo existen 51 asuntos iniciados en 2006 y 92 pendientes (entre los cuales están los relativos a la OPA sobre Endesa y el régimen jurídico de las Haciendas Forales vascas); ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo): 517 demandas contra España por presunta vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y sólo se dictaron 5 sentencias de condena. Finalmente, asesora a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

 

Por otra parte, la memoria considera tan relevante el aspecto consultivo como el contencioso. El asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus organismos y entidades fue una de las tareas más intensas de la Abogacía del Estado en 2006. Se emitieron más de 100.000 informes y dictámenes, si bien la suma de actividades consultivas supera con mucho esta cifra.

 

Dentro de este ámbito cabe mencionar, como ejemplo, los informes sobre la posible disolución del Ayuntamiento de Marbella y la delimitación de competencias entre el Estado y las CCAA en materia de aeropuertos, aeródromos y helipuertos.

 

Análisis cuantitativo

En números, este apartado refleja los asuntos, tanto contenciosos como consultivos, llevados por la Abogacía del Estado durante 2006. Estos datos evidencian el constante incremento del número de asuntos que son encomendados anualmente a la AdE, especialmente en el orden contencioso.

 

Precisamente en el orden contencioso-administrativo, los porcentajes aproximados de éxito y fracaso cuando el Estado es demandante (4% del total) son de un 80% de pleitos ganados y un 20% de perdidos, mientras que si es el Estado el demandado (96% restante), las cifras se sitúan  en un 72% de pleitos ganados, frente a un 28% de perdidos.

 

En el campo del orden civil, los abogados del Estado ganan 7 de cada 10 pleitos cuando el Estado demanda (un 40% del total), porcentaje que sube al 80% de pleitos ganados cuando el Estado es demandado (60% restante). La práctica totalidad de los pleitos en los que la AdE trabajó en el orden social implican una demanda hacia el Estado. En este caso, 2006 se saldó con un 60% de éxito, frente a un 40% de pleitos perdidos.

 

Dentro del ámbito procesal hay que destacar que las Abogacías del Estado en la Administración Periférica (radicadas en las distintas Comunidades Autónomas y provincias) presentan un balance de 121.696 pleitos ganados, con un montante litigioso de 1.752.706.530 euros (lo que representa un porcentaje de éxito del 79 por ciento), frente a los 31.676 perdidos, con un montante de 369.743.295 euros. Estos volúmenes económicos reflejan sólo los procesos de cuantía determinada en el pleito, que representan una minoría del total.

 

Sin embargo, se estima en unos 12.000 millones de euros (2 billones de las antiguas pesetas) la cuantía litigiosa comprometida por el Estado, es decir, el dinero que actualmente tiene en juego el Estado litigando a través de los abogados del Estado. Esta cifra incluye no sólo los 125.000 pleitos abiertos durante el año 2006, sino también aquellos que se encuentran “vivos”, independientemente de su fecha de inicio.

 

La actuación de la AdE ante el Tribunal Supremo arroja un resultado de 6.602 nuevos pleitos en 2006 distribuidos entre las cinco Salas (5.248 de los cuales pertenecen a la Sala 3ª de lo contencioso-administrativo, seguidos de los 553 de la Sala 4ª de lo Social, los 103 de la Sala 5ª de lo Militar, los 82 de la Sala 1ª de lo Civil, los 64 de la Sala 2ª de lo Penal y los 12 de la Sala Especial). En este apartado, los abogados del Estado obtuvieron un 75,5 por ciento de éxito frente a un 24,5 de perdidos, en las 7.455 sentencias dictadas durante 2006.

 

La carga de trabajo ante la Audiencia Nacional se ha traducido, durante 2006, en la apertura de 4.615 nuevos pleitos, en las tres jurisdicciones. En las 6.838 sentencias dictadas por la Audiencia Nacional durante el último año, la Abogacía del Estado obtuvo un 76 por ciento de resoluciones favorables, cuyo montante litigioso en pleitos ganados asciende a 1.976.403.469 euros, frente a 564.413.164 euros en pleitos perdidos, sólo en cuantía determinada.

 

Ante los Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo se iniciaron 5.948 pleitos en 2006, y se dictaron 3.945 sentencias, con un porcentaje de éxito de un 78 por ciento para la AdE, frente a un 22 por ciento de perdidos. Por lo que respecta al Tribunal de Cuentas, se abrieron un total de 293 expedientes, obteniéndose 19 sentencias favorables y 8 desfavorables, lo que sitúa el porcentaje de éxito en el Tribunal de Cuentas en un 70 por ciento; mientras que ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) alcanza el 99 por ciento de éxito.

La Abogacía del Estado también presta sus servicios a entidades de Derecho Público. Por lo que respecta a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) durante 2006, los abogados del Estado del Servicio Jurídico de la AEAT trabajaron en 1.165 procesos abiertos y se emitieron 7.613 informes. En entidades públicas como la Agencia de Protección de Datos, la memoria muestra un resultado de 553 informes emitidos, y 172 emitidos para Patrimonio Nacional.

 

Finalmente, la asistencia jurídica de la AdE a otros organismos y entidades públicas, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, se recogieron un total de 8.592 actuaciones de carácter consultivo y 9.646 procesos judiciales (4.517 contencioso-administrativos y 4.269 sociales).

 

Otro factor es la importante fuente de ingresos que suponen estas entidades públicas por la asistencia jurídica que les presta la Abogacía General del Estado. En 2006, estos servicios supusieron a las cuentas del Tesoro Público el ingreso de 4.789.086,85 euros en 2005, 6.015.856,58 euros en 2006 y unos ingresos acumulados de 2.541.472,65 euros hasta finales del pasado mes de julio.

 

Otra fuente de ingresos para el Tesoro Público son las costas procesales, cuando hay condena en costas. Por este concepto se ingresaron 2.931.479 euros en 2005, 4.208.923 euros en 2006 y 2.174.750 euros hasta finales de julio.

 

Efectivos

Esta ingente tarea es llevada a cabo por 88 abogados del Estado y 92 personas del personal de apoyo en los Servicios Centrales (que comprenden 7 Subdirecciones Generales); 158 abogados del Estado y 224 personas de apoyo en Servicios Periféricos; 55 abogados del Estado y 54 personas de personal de apoyo en Departamentos Ministeriales, y 33 abogados del Estado en entidades de Derecho Público (Protección de Datos, Patrimonio Nacional y AEAT). En total, 334 abogados del Estado y 370 personas de apoyo.


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