Estáis rodeados. Bajad el router y poned la IP donde yo la pueda ver

No es un secreto que el desarrollo digital y la capacidad de actualización en nuevas tecnologías de las bandas criminales (sobre todo aquellas relacionadas con las actividades más lucrativas) siempre ha supuesto un dolor de cabeza para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es precisamente esta ventaja tecnológica la que permite a los cibercriminales campar con relativa comodidad en los espacios virtuales donde estafan, extorsionan, vacían cuentas y hasta causan verdaderos colapsos informáticos.
Ante este hecho, el Cuerpo Nacional de Policía ha creado una nueva Unidad de Investigación Tecnológica compuesta por la Brigada Central de Seguridad Informática y la Brigada Central de Investigación Tecnológica con el fin de salvaguardar la confidencialidad de la información y datos de personas y empresas.

Para proteger y servir en el mundo real y virtual

La razón de existir de los cuerpos de policía es proteger y servir a los intereses de los ciudadanos. El universal lema “Para proteger y servir” aplica para todos los campos donde la integridad de la ciudadanía se vea amenazada. Una de sus misiones es la de Protege a la ciudadanía del robo de datos personales susceptibles a provocar daños económicos. En esta lucha es importe la estrecha colaboración de la policía española con organismos internacionales como la Europol, la Interpol y policías nacionales de otros países.

Según datos facilitados por la Policía Nacional, los delitos informáticos constituyen la actividad delictiva más lucrativa en el país por detrás de la prostitución y el narcotráfico, aunque rápidamente está escalando posiciones dadas las elevadas sumas de dinero que circulan a toda velocidad por muchos portales a través de distintas operaciones tapadera, lo cual hace difícil la persecución y neutralización del ciberdelincuente.

Desde el robo de identidad para estafas menores y compras en portales comerciales hasta la pornografía infantil, los delitos cibernéticos requieren un tratamiento diferente y no siempre exento de polémica y debate, tal como es el caso de las acciones legales contra la piratería.
Si bien en un principio se persiguió a al consumidor de descargas que atentaban contra los derechos de propiedad, las líneas de investigación han evolucionado hacia la persecución y procesamiento de los administradores de las webs que ofrecen contenido sujeto a copyright, pero en ningún caso para el usuario.

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