Cierre de webs por las administraciones



El Gobierno aprobó en Noviembre de 2005 el Plan Avanza, destinado al desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.

Mediante el Borrador de Anteproyecto de ley de Impulso de la Sociedad de la Información, se pretende modificar la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), y la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

En cuanto a la primera, se simplifica la redacción del artículo 8 LSSI, en el sentido de determinar que los órganos administrativos podrán acordar, en el ejercicio de las competencias que tengan legalmente atribuidas, y dentro del marco permitido por lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE, restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de la información. De manera que se traslada a la sociedad de la información los controles que hasta ahora la administración ejercía frente algunos sectores en el mundo off line, y que les permitían cerrar establecimientos o suspender la actividad llevada a cabo por los mismos cuando consideraban que su actividad era ilícita.

No hay que olvidar que la LSSI ya incluía en su Anexo de definiciones la correspondiente a "órgano competente" entendido como todo órgano jurisdiccional o administrativo.

No obstante, se ha abierto un gran debate en torno a si esta nueva potestad de la administración no supone una censura a la libertad de expresión, al vulnerar este derecho constitucional al establecer la Carta Magna que el secuestro de publicaciones y demás medios de comunicación ha de realizarse en virtud de resolución judicial. Entonces, ¿que facultades reales van a tener las administraciones en cuanto a las páginas webs de dudosa licitud?? ¿Se determinará claramente cual será el procedimiento a seguir por las mismas?

Una manera de evitar tener que enfrentarse a esta respuesta es la de adecuarse correctamente a la normativa reguladora de los servicios de la sociedad de la información, mediante la inclusión de todas las cláusulas  legales y la observancia de todos los requisitos establecidos para operar con toda tranquilidad en la red.

 

Abogados Portaley.


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