Reacciones a la sentencia de Luxemburgo sobre la retirada de resultados en las búsquedas de Google

El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha mostrado su preocupación ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual Google puede decidir qué contenido desaparecerá de las búsquedas que realicen los usuarios.

Según Domingo, esta sentencia no resuelve el problema de fondo y da a Google una potestad que no le pertenece. Según el presidente de esta asociación, es un juez el que debe tomar la decisión de eliminar el contenido del motor de búsqueda. Hasta ahora, Google realizaba esta labor de forma automática, pero a partir de esta sentencia tendrá que hacerlo manualmente, en función de criterios que todavía no están del todo claros.

El hecho de que sea un juez el que decida la retirada de las búsquedas, evitará esa sensación de inseguridad jurídica que puede dar que sea la empresa quien retire el contenido.
Además, Domingo recuerda que la sentencia solo se refiere a la eliminación del resultado de las búsquedas, pero no al contenido original, de forma que el problema seguirá existiendo en su esencia, aparezca o no en los motores de búsqueda.

 
La sentencia viene a garantizar que un usuario puede decidir no mostrarse en los resultados de búsqueda, o que una web que contiene datos personales puede ser retirada de los resultados de las búsquedas. El origen de este fallo viene de la petición de un Español, Mario Costeja González, que solicitó a Google la retirada dos anuncios en los que aparecía su nombre relacionado con un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social sucedidas 10 años antes y ya resueltas. Tras una respuesta negativa de Google, Costeja acudió a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que solicitó a Google la retirada de los enlaces, tras estudiar minuciosamente el caso.
Google y Google España interpusieron recursos ante la Audiencia Nacional para pedir la nulidad de la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, y fue entonces cuando el tribunal español consultó el caso con el Tribunal de Justicia de la UE antes de tomar la decisión.
Esta sentencia puede leerse como la prueba de que importa más la intimidad de una persona que el interés común, o el libre acceso a la información a través de la red. Esto ha provocado múltiples reacciones entre los internautas, aunque en cierto sentido es una sentencia modelo para que los usuarios podamos tener control sobre lo que queremos que otros usuarios sepan de nosotros.