Aumentan los delitos por insultos en internet

Los insultos en la red son ya uno de los delitos informáticos más frecuentes en España. La Guardia Civil y la Policía Nacional advierten de que son delitos denunciables, y que de hecho es conveniente hacerlo. La violencia e insultos a través de redes sociales como Twitter o Facebook se rigen en nuestro país por las misma ley que el insulto verbal.

Para denunciar estos actos, podemos utilizar la propia red accediendo a la web oficial de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, así como las cuentas oficiales de los cuerpos de seguridad del Estado en Facebook, Twitter o Tuenti.

Entre los casos más recientes y con más repercusión se encuentran las reacciones tras el asesinato de Isabel Carrasco, Presidenta de la Diputación de León. La Guardia Civil y la Policía Nacional ya han efectuado detenciones por apología del asesinato en Twitter. Estas detenciones, que están respaldadas por la ley, han sido motivo de crítica social, aludiendo a la libertad de expresión.

El Gobierno se plantea reforzar el Código Penal para frenar este tipo de manifestaciones en las redes sociales, y controlar aquellos que pasan los límites de la libertad de expresión, fomentan el racismo, la homofobia, exaltan la violencia o incitan a ella.

En los últimos tiempos hemos sido testigos de detenciones por toda clase de manifestaciones en las redes sociales, desde enaltecimiento del terrorismo hasta apología de la violencia. Debemos tener en cuenta no solo la ilegalidad de estas manifestaciones, sino también la falta de respeto que suponen para víctimas o familiares de nuestras menciones. Recordemos que internet y las redes sociales tienen una capacidad de difusión mucho mayor que las manifestaciones verbales, y por lo tanto pueden hacer mucho más daño.

A pesar de que internet da en muchos casos anonimato a los autores de estos mensajes, los cuerpos de seguridad del estado siempre encuentran a los culpables, y es objeto de ley poder castigarlos.

Muchos usuarios apelan a la libertad de expresión, y es tarea del Gobierno determinar qué es lícito y qué no. Para ello, deben aplicar mecanismos concretos que permitan a los jueces poder determinar lo que es delito, y castigar por tanto a sus autores. Lo mejor para evitar llegar a esto, es pensar en la repercusión que tendrán nuestras declaraciones en la red, y sopesar su publicación.