Primera sentencia por fraude en el reciclaje

La Audiencia Provincial de Madrid dictó en diciembre la primera sentencia en España por fraude en el reciclaje de electrodomésticos. Así, cuatro empresarios han sido condenados a penas de hasta cuatro años de prisión por crear una trama en torno al reciclaje de neveras. Su objetivo era sacar hierro y cobre de los aparatos debido a la subida del precio de estos metales en los últimos años.

Los acusados rompieron más de 2.200 frigoríficos, liberando un total de 3.378 toneladas de dióxido de carbono que supusieron “un gran riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas”, según dice la sentencia. Gran parte de los frigoríficos provenía de los puntos limpios del Ayuntamiento de Madrid. Son electrodomésticos que contienen un alto porcentaje de elementos tóxicos que deben ser retirados en plantas especializadas para evitar la contaminación. Este proceso se financia a través de un pequeño canon que se añade en el proceso de compra de los aparatos y es pagado por el consumidor final. Se destinan cerca de 300 millones de euros al año.

Esta sentencia responde a una operación llevada a cabo por la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente que comenzó en 2010. El origen fue una denuncia anónima y “a raíz de ello se procedió a recopilar información sobre la situación real del sector. Y descubrimos una situación incomprensible en grado sumo”, señala el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher. “No se recibía en las plantas de tratamiento autorizadas un mínimo número de los residuos que se producen anualmente y que previamente se había calculado por las instituciones”.

Pablo Balaguera, director general de Recytel, una empresa autorizada para el reciclaje de esta clase de residuos con sede en Madrid ha declarado que “casi todas las plantas de tratamiento españolas están sobredimensionadas. Nacimos con un gran tamaño, en previsión de lo que indicaban los datos oficiales y de los objetivos fijados por la Unión Europea, pero nunca hemos alcanzado la carga de trabajo esperada. En nuestras instalaciones, por ejemplo, podríamos tratar 30.000 toneladas al año y solo tratamos 10.000”.

La dificultad del problema se atribuye a la escasa accesibilidad a los datos.“Falta transparencia. No solo en el tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos, sino en general en el mundo de los residuos. Hay cierta tendencia al oscurantismo”, opina Javier Miranda, coordinador del máster en gestión de residuos de la Universidad Autónoma de Madrid.

También influye, prosigue Balaguera, la situación en que han quedado los chatarreros de toda la vida ante el avance de la legislación ambiental. Los electrodomésticos usados tienen un gran valor, y no les importa prescindir de la regulación. La crisis y el auge en el precio de los metales tampoco han facilitado la lucha contra el fraude en el sistema.