Bruselas avisa a las grandes empresas: deben controlar contenidos ilegales, como mensajes de odio o noticias falsas

Como responsable del cumplimiento de la legislación propuesta por la UE, la Comisión Europea se ha estado dando a la tarea de poner el foco en los casos de contenido ilegal en Internet. Para ello, hizo un llamado de atención a las grandes empresas que dominan el internet, como Apple, Twitter y YouTube, para que sean ellos quienes impongan las sanciones en lo relativo a estos contenidos. De manera más enfática, Bruselas exige que las empresas se involucren mucho más en el control de este problema y que apliquen la normativa dispuesta para ello.

Cansados de los mensajes que incitan al odio o al desarrollo de actos ilegales, esta comisión emitió un comunicado en el que claramente establece un ultimátum: “Si la industria no actúa rápido, lo haremos nosotros”. La pregunta aquí sería, ¿en dónde recae la verdadera gravedad de esta situación?, ¿existe una urgencia real? La respuesta es afirmativa. Y es que las infinitas posibilidades que ofrece el Internet para comunicarse, se han utilizado para el llamado a actos terroristas, invitaciones al racismo en contra de los musulmanes, la xenofobia, etc. Por lo tanto, para la Comisión Europea una de las herramientas de mayor poder para minimizar esta situación, es que las empresas se involucren voluntariamente en el proceso y establezcan una normativa vinculante, en la cual se disponga la eliminación inmediata (por parte de las compañías) de los mensajes delictivos y de odio que surjan. Para ello, en 2015 la CE realizó un foro en el que participaron algunos de los gigantes de Internet como Amazon, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Apple, Google, entre otros.

En este foro celebrado en Bruselas, Julian King, uno de los voceros de la CE, indicaba que “Discutimos con la industria la necesidad de actuar más rápidamente. Si es posible, de manera voluntaria, pero si no, miraremos otras medidas”. El objetivo es que los mensajes que sean publicados y no cumplan con estas normas, sean borrados, máximo, dos horas después de su publicación.

Afortunadamente, la respuesta de las compañías ha sido muy positiva y en el 59% de los casos los mensajes son borrados por la empresa. No obstante, Bruselas decidió que esto no es suficiente (aunque la participación haya aumentado en un 35%), por lo que instan a las empresas a minimizar el margen de espera para la eliminación de estos mensajes. Se propuso la creación de sistemas de detección automática, para que los mensajes sean borrados antes de las 24 horas y se provea mayor protección a los usuarios.

Desafortunadamente, España es uno de los países que menos actividad ha mostrado en este aspecto, con una respuesta de tan solo 17%. En este particular, Alemania ha llevado la batuta en las sanciones a aquellas empresas que no bloquean o eliminan sus contenidos con rapidez. Por su parte, Francia ha comenzado a imponer mano dura a aquellos que difundan noticias falsas.

Por su parte, la Comisaria de Justicia de nacionalidad checa, Vera Jourová, se inclina a la defensa del enfoque voluntario. Y es que bajo todos estos cambios, diferencias de opiniones y la posibilidad de una normativa restrictiva, las grandes empresas de Internet justifican la falta de inmediatez como una respuesta a la necesidad de evaluar cada caso con cuidado, y así evitar caer en un bloqueo a la libertad de expresión.