Condenado a 5 años de prisión por un delito de pornografía infantil
La Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo sito en Madrid ha ratificado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona contra un hombre de nacionalidad española y residente en Terrasa al que le fue incautada una gran cantidad de archivos con contenidos de pornografía infantil.
La operación se inició tras un aviso de la Interpol Wiesbaden /Alemania alertando de que habían detectado la difusión por parte de varios usuarios de un archivo de vídeo titulado «babysitter abuse 3yo.mpg» con contenido pedófilo a través del programa de intercambio de archivos P2P (peer – to – peer) Dreamule, similar al más conocido eMule. Tras la debida investigación, finalmente se localizó la IP de uno de esos usuarios, el hombre ahora condenado y que carecía de antecedentes penales. A continuación y previa autorización por el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, se procedió a la entrada y registro de su domicilio, especialmente de los ordenadores y dispositivos de almacenamiento que allí había y donde pudieron hallar diversos contenidos de pornografía infantil.
En dichos vídeos se podía observar a niñas menores de entre tres y catorce años de edad manteniendo relaciones sexuales con adultos; en muchos casos, estas jóvenes víctimas se encontraban atadas de pies y/o manos.
La policía también pudo constatar que en el ordenador de este individuo se encontraba instalado el programa informático de intercambio de archivos antes citado y que algunos de esos contenidos habían sido difundido a través de éste.
Ahora el Tribunal Supremo a desestimado todos los recursos de casación interpuestos por el acusado y ratificado la condena originariamente impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona según la cual se consideran probados los hechos y, por tanto, se encuentra culpable al acusado de un delito de difusión de pornografía infantil por que tendrá que responder con la pena de cinco años y un día de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena y el pago de las costas judiciales, así como el comiso de todo el material incautado.
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