El “cibercrimen”, un desafío para el sistema judicial que exige la colaboración entre Estados y empresas

Tras la primera jornada de ponencias, en el VI Seminario de Pruebas Electrónicas organizado conjuntamente por Cybex y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han salido ya a la palestra diferentes temas de gran repercusión social relacionados con la importancia de la prueba electrónica en la lucha contra los delitos informáticos.

Sobre “cibercrimen” un tema de plena actualidad, reputados expertos como el Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, Magistrado del Tribunal Supremo de la Sala II de lo Penal y el Sr. D. Alexander Seger, Jefe de la División de Delitos Económicos del Consejo de Europa, están de acuerdo en la vital importancia de la cooperación nacional (empresas y Estado) e internacional (Convenio sobre la “ciberdelincuencia” del Consejo de Europa) para poder tomar medidas que sean efectivas para frenarlo.

Con el crecimiento exponencial de usuarios de Internet, 1.000 millones en 2008, se abre la puerta a la comisión de un mayor número de “ciberdelitos”. Aún suponiendo que el 99,9% de los usuarios hiciera un uso legítimo de la red, existiría un millón de potenciales delincuentes, lo que remarca la importancia de contar con medidas especiales de prevención, detección e inicio de acciones judiciales contra los “ciberdelincuentes”. Todos estamos ya acostumbrados a oír cada día noticias sobre “phishing”, piratería informáticas, y delitos tan graves como pornografía infantil, blanqueo de dinero o ciberterrorismo. Parece que el “ciberdelincuente” se encuentra con pocos riesgos y muchas oportunidades de delinquir.

A diferencia de otros delitos, el “cibercrimen” cuenta con características distintivas comunes como son la novedad, la potencialidad lesiva, la cualificación técnica del autor, su dimensión transnacional, su constante evolución y, derivado de todo ello, la dificultad de su persecución. Por eso, la legislación ha de avanzar a grandes pasos y enfrentarse a problemas como las lagunas en la regulación específica, la escasez de medios y las necesidades periciales.

En esta situación actual, por tanto, es imprescindible la implicación y colaboración entre todos los agentes sociales, principalmente empresas y Estados para evitar que el “cibercrimen” continúe extendiéndose hasta ocupar todos los ámbitos de la actividad en la red. Por otro lado, medidas como el Convenio sobre la “ciberdelicuencia”, elaborado por el Consejo de Europa con la participación de Canadá, Estados Unidos, Japón y Sudáfrica, en vigor desde julio 2004, sirven para proporcionar una norma mundial que mejore la legislación sobre la “ciberdelincuencia”.

Medidas recogidas en el Convenio como la conservación rápida de los datos informáticos almacenados, las órdenes de presentación de los mismos, el registro, así como la confiscación y la obtención en tiempo real de datos informáticos si fuera necesario, se están convirtiendo en base jurídica para la cooperación internacional y ejemplo de buenas prácticas disponibles, así como plataforma que facilite la cooperación público-privada.